Internet en España, comienza su calvario


Se veía venir que Internet en España comenzaría un calvario. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de febrero el proyecto de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. La norma, cuyo anteproyecto vio la luz en marzo del año pasado, tiene como objetivo principal “luchar contra la piratería”, según el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Además de la lucha contra la piratería, la nueva ley, superó el pasado lunes 21 en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados el primer trámite parlamentario y ya ha sido enviada al Senado, aborda aspectos como las entidades de gestión de derechos de autor o el concepto legal de copia privada.
En primer lugar, se incrementan las sanciones contra los piratas y se establecen multas de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. Habrá mayor capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad intelectual, incluyendo las que facilitan enlaces a páginas de terceros que alojan el contenido ilegal. Además, se permitirá investigar por vía civil la identificación del portador de servicios sospechosos de vulnerar los derechos de autor.
Uno de los aspectos más polémicos es la copia privada, que sufre una restricción al definirse su límite en las copias para uso privado y sin uso comercial de CD y DVD, así como la “correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada”. La compensación por copia privada se mantiene con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, según informa Expansión.
En cuanto a las entidades de gestión, la nueva ley refuerza la transparencia y vigilancia de estas. Para Wert, esto se traducirá en la “limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas”, para que no exista una “asimetría entre la entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios”. Además, se crea un mecanismo de ventanilla única, una entidad de carácter privado para el pago de los derechos de propiedad intelectual en la que tendrán que participar todas las entidades de gestión y que unificará el sistema de pago.
Por último, la futura Ley de Propiedad Intelectual también reconocerá el derecho de las empresas editoras a ser compensadas por la explotación de sus contenidos. Esto significa que los agregadores de noticias tendrán que pagar por el uso de fragmentos no significativos de contenidos. Una medida celebrada por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), cuyo presidente, Luis Enríquez, declaró que con la medida se reconoce el valor de sus contenidos frente a “los abusos cometidos y permite desarrollar nuestra función con garantías”.

¿Y todo esto a donde nos está llevando? ¿Nadie ve que la protección de los creadores realizada de este modo conculca también otros derechos?


El lunes 21, pasado, fue un día negro. La Comisión de Cultura del Congreso aprobaba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, Canon AEDE incluido, e Internet entró en cólera. ¿Por qué? ¿Qué significará realmente esta ley cuando -a falta de la aprobación en el Senado en septiembre – entre en vigor el año que viene? Todos los sectores que se han posicionado en contra hablan de una imposición absurda, desastrosa y sin sentido, derivada principalmente del hecho de no entender cómo funciona Internet y una firme oposición al cambio.
El resumen es el siguiente: según el nuevo texto, los agregadores de noticias tipo Google News (pero también Yahoo News, Bing News, Menéame y, en una interpretación estricta, redes sociales como Twitter o Facebook) tendrán que pagar a los editores de prensa por la reproducción de fragmentos de sus noticias. Aunque se trate de “fragmentos no significativos de contenidos”.
Por supuesto, no todos los medios de comunicación están en contra de aparecer en agregadores de noticias (hablando en concreto de los medios digitales y no de los tradicionales que piden la compensación, pero también solicitan aparecer en Google News -es voluntario). El texto ignora los deseos de los editores de estos medios que publican en Creative Commons y que están a favor de que sus contenidos sean compartidos y enlazados a lo largo y ancho de internet.

El derecho es irrenunciable, por lo que aunque los medios no pertenezcan a AEDE (la Asociación Editores de Diarios Españoles) o directamente estén en contra de la medida y de cobrar a los agregadores, la entidad de gestión encargada CEDRO, como no, podrá cobrar la tasa en su nombre. Podría quedársela o repartirla entre sus socios.
Detrás de todo esto está el absurdo que, en realidad, la mayor parte de los agregadores de noticias suponen una importante fuente de tráfico para las webs de contenidos que se quejan y piden compensación. En Google News, por ejemplo, solo aparecen diez palabras del titular y un extracto de la entradilla, por lo que para leer el texto en su integridad hay que hacer click e ir a la página originaria.
Lo más grave, no obstante, no es el caso de Google, que posiblemente opte por no pagar y cerrar Google News en España (que no tiene publicidad y no le supone una gran pérdida). La ley amenaza también la existencia de negocios innovadores como Menéame, además de crear dudas acerca de si todo esto afectará también a las redes sociales como Twitter o Facebook, que se han convertido poco a poco en los agregadores de noticias más importantes.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pasa, como ya he indicado, por el Senado, lo que ocurrirá en otoño, cuando se espera que se introduzcan todavía más cambios. Si todo avanza según lo previsto y se aprueba, la ley entraría en vigor aproximadamente el verano de 2015.
¿Vamos hacer algo? ¿Nos quedamos impasibles? ¿Observamos callados como un montón de oportunidades en el mundo startup se van al carajo por la defensa de los “derechos” de medios antidiluvianos, jurásicos, que nada tienen que ver con la verdadera creatividad, la innovación y el avance social?

Fuentes:
El Mundo
Expansión
AUI
Enrique Dans
Congreso de los Diputados
BOE
EL País
Alt1040

Después de haber publicado este post, aparece ante el revuelo generado una nota aclaratoria del Ministerio de Cultura en la que trasladan aclaraciones sobre varios aspectos… Dicen:

Aclaraciones sobre la denominada ‘Tasa Google’

Debe aclararse en relación a la denominada ‘Tasa Google’ que no implica en ningún caso que los usuarios de internet tengan que realizar pago alguno por enlazar a noticias creadas por las editoras de prensa. Por tanto, las redes sociales no son objeto de esta medida, tal y como algunas partes interesadas están informando en estos días.

En el día de ayer no se han introducido modificaciones al proyecto aprobado por el Consejo de Ministros de febrero. Las opciones planteadas por los distintos grupos parlamentarios se podían agrupar en dos: la retirada de esta iniciativa y la incorporación de los periodistas y los fotógrafos como sujetos de remuneración.

En ese sentido, queremos explicar que los periodistas, entendidos como autores titulares de derechos ya están contemplados en el marco de los sujetos de remuneración por la agregación de sus contenidos en el proyecto legislativo, por lo que entendemos no caben modificaciones al respecto. En el caso de los fotógrafos, en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual -ley vigente-, tienen un derecho de remuneración propio, por lo que de aceptar la enmienda planteada se estaría minorando el derecho de éstos a su remuneración, al circunscribirla la compensación por el límite de cita –parte de la obra- en lugar de a la remuneración por la imagen completa.

El Ministerio espera que el diálogo continúe en el Senado para que el proyecto legislativo, que aborda algunos de los grandes problemas que afrontan nuestras industrias culturales, pueda contar con el mayor número de apoyos.

 

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